Los
intentos de los profesores por establecer una Carrera Docente que regule el
ingreso, permanencia y salida del sistema, no es algo nuevo. El Congreso de
Educación del Colegio de Profesores del año 1997, es un hito en ese sentido.
Desde
entonces datan los intentos por superar el Estatuto Docente, que mantiene lo
esencial de lo dispuesto por la dictadura.
El
proceso de municipalización de los años ochenta no fue sino la decisión de
privatizar el sistema educacional público. Ese proceso posibilitaría que al
presente, más del 70% de la oferta educacional esté en manos de sostenedores
particulares subvencionados por el Estado, y se haya transformado en un
lucrativo negocio.
Al
advenimiento de la democracia abrió, como a todos, razonables expectativas en el mundo docente.
Durante los primeros gobiernos de la Concertación los
profesores tuvieron largos procesos de
negociación cuyos resultados consiguieron regular en parte su labor, aunque siempre
en condiciones desventajosas comparadas con el sector particular subvencionado
Aún así, el Estatuto Docente no ha hecho sino sumar causales
de despidos, agobio laboral, evaluaciones, contratos aberrantes, trabajo en
condiciones desmejoradas, una carga laboral que sacrifica horas consagradas a
los hogares y la familia, etcétera.
Pero el discurso oficial ha instalado la idea de que los
profesores están en el origen de la mala calidad de la educación chilena,
obviando las condiciones del medio, la pobreza y marginación de vastos sectores
de la población, y le hecho indiscutido de que Chile ha devenido en uno de los
países más desiguales del planeta.
El segundo período de la presidenta Bachelet anunció tres reformas
llamadas de fondo: educacional, tributaria y constitucional.
Como se sabe, la Reforma Tributaria finalmente salió de un
acuerdo culinario en el que pesaron más
los intereses de los grandes empresarios que el ánimo discursivo de emparejar
la cancha y la cosa quedó más bien donde mismo, sino peor que antes.
Despejado el hecho previsible de que la Reforma
Constitucional mediante una Asamblea Constituyente no verá la luz en este período presidencial,
al gobierno no le quedó otra que jugar sus fichas en su anunciada reforma
educacional que contempla una Política Nacional Docente.
Así, en el discurso presidencial del 21 de Mayo del año 2014
Michelle Bachelet manifiesta su decisión de que la futura carrera profesional
docente sería construida con el concurso de los profesores.
Pero no solo fue un proyecto inconsulto, sino que la decisión
gubernamental de legislar se tomó en medio de la más severa y profunda crisis
del sistema político en lo que va de post dictadura
La feroz caída de la credibilidad presidencial, empujada por
el caso CAVAL que aún no terminan de aclararse, y los reiterados casos de
corrupción, cohecho, exacciones ilegales, financiamientos irregulares a
políticos de todo el espectro, han creado una situación de crisis aún no da visos
de terminar.
Y la debacle es de una profundidad tal, que recién cumplido
un año de gobierno, los ajustes ministeriales y del rumbo del programa parecen
más bien medidas para administrar su final precoz, que sus ajustes necesarios.
En ese contexto, el paro docente que esta semana cumplió
cincuenta días se relaciona también con un estado de crispación de los
profesores ya manifestado el año pasado en lo que se llamó La Rebelión de las
Bases, en que hicieron su aparición sectores movilizados disidentes a la línea
oficial del gremio, encabezada por el militante PC, Jaime Gajardo.
No se sabe si fue por una falla en la predicción del
escenario o por una errónea evaluación del contexto político y gremial, el caso
es que la Política Nacional Docente fue propuesta de la peor manera en el peor
momento.
Luego de semanas de conversaciones con el Ministerio de
Educación, la mesa nacional Colegio de Profesores rechazó la oferta oficial porque
no incluía cuestiones esenciales: no considera la formación inicial, no supera las
condiciones laborales de agobio en límites inaceptables, no se refiere al
aumento de horas no lectivas versus lectivas, tampoco dice nada respecto del
número de estudiantes por aula, pero que sin embargo, aumenta en grados
importantes la presión sobre el profesor al obligarlo a una serie de exigencias
antes y durante el ejercicio profesional, mediante sucesivas acreditaciones en
materias disciplinares.
La disidencia que se opone a la conducción de la Nueva
Mayoría en el gremio, encabezada por el dirigente nacional Darío Vásquez, ha encabezado la postura de retirar el
proyecto y diseñar otros que sí considere sus exigencias.
En este escenario, la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados, encabezada por la diputada PC, Camila Vallejo, luego de escuchar a
los dirigentes de los profesores, se propuso sentar en la misma mesa a la
autoridad ministerial y a los dirigentes gremiales, agregando que solo someterá
a votación el proyecto cuando haya un acuerdo con el gremio.
Sería el primer triunfo docente a nivel de lo subjetivo. El
segundo, sería que a pesar de la postura
oficial de nunca negociar con un gremio movilizado, la recientemente designada
Ministra de Educación, Adriana del Piano, lo haría dos veces.
La tensión llega a su cota máxima cuando la conducción gremial
busca bajar el paro, mientras la disidencia insiste en la exigencia del retiro del
proyecto y la mantención del paro indefinido.
A esta altura, ya decretadas las vacaciones de invierno en
un claro intento
por debilitar el movimiento, comienzan los descuentos, las amenazas
de despido y los sumarios contra los docentes.
Complementando estas medidas represivas, las Fuerzas
Especiales de Carabineros, hacen lo suyo en contra de las permanentes,
porfiadas y novedosas manifestaciones de los profesores.
Es probable que el
gobierno se imponga por la vía de ejercer su potestad legislativa y los
parlamentarios incluidos aquellos que se han mostrado receptivos al reclamo
gremial, se ordenen ante su gobierno y despachen el proyecto con el que la
administración Bachelet intenta salvar algo de lo prometido.
Pero nada va a superar eso que pulsa más allá de las
recriminaciones, acusaciones, propuestas y contra propuestas, movilizaciones y
disidencias, que es la tensión necesaria
que nace del enfrentamiento de dos visiones antitéticas de lo que debe ser la
educación.
La actual crisis del sistema emerge del enfrentamiento de
esa polaridad, en que por una parte se considera la educación como una actividad
económica afecta a los vaivenes del mercado, y por otra, como un derecho social
que no está garantizado.
Y esas visiones divergentes que no pueden convivir en el
mismo espacio libran una enconada batalla que va dejando sus bajas en la vera
del camino.
La labor de los profesores no ha sido reconocida. Peor aún,
se los ha estigmatizado como responsables de los efectos de un paradigma
educacional que no considera lo que sucede en el aula, ni las circunstancias
socio económicas y culturales en los que
se verifica en proceso de enseñanza aprendizaje, y se centra solo en resultados
objetivos y mediciones estandarizadas. Los profesores también han sido víctimas
de una educación de alma neoliberal.
Las señales indican que el movimiento docente va a ser
avasallado y que las presiones de la Nueva Mayoría lograrán que el Congreso finalmente
vote la idea de legislar y que en breve
una nueva ley vea la luz.
En ese caso será un cuerpo legal que habrá sido impuesto en
contra del corazón de los profesores y ese hecho, en el mediano plazo, promete conflictos
aún de mayor envergadura.
La irrupción de un importante contingente de educadores
formados primero como estudiantes de la Enseñanza Media en las vecindades del
Movimiento Pingüino de los años 2001 – 2005, y luego como estudiantes
universitarios en los momentos de gloria del movimiento estudiantil del 2011, auguran
un futuro auspicioso para las luchas que vienen
No hay comentarios:
Publicar un comentario