¿Por qué
Nicolás Eyzaguirre insiste en que su proyecto de ley de Carrera Profesional
Docente entre a matacaballo al Congreso? ¿Qué urgencia lo lleva a exponerse
como alguien que no es capaz de allanarse a lo que la mayoría de los profesores
considera ajeno a su condición profesional?
Esa misma
urgencia se ve reflejada, nadie sabe por qué, en las palabras de la diputada Camila
Vallejo para quien rechazar el proyecto significa atarla de manos y no poder legislar otro proyecto en un año.
La pregunta cae
por sí sola: ¿cuál es el apuro? Si se trata de normar la vida laboral,
profesional y las condiciones de salida de más de cien mil profesores, y si ese
trabajo ha sido hecho en forma desprolija, inconsulta y que no registra más
apoyo que los mismos obsecuentes de siempre que todo lo encuentran bien ¿para qué
apurarse?
Resulta una
maldición para los profesores el que se superponga la necesidad sublime del gobierno por mostrar algo en este año
estéril. Sus fracasos no pueden ni deben ser endosados a los profesores, que ya
vienen siendo maltratados desde los oscuros tiempos de la tiranía.
Por alguna
razón misteriosa el gobierno ha optado por equipos negociadores en los cuales es evidente la
roña contra los docentes. Ha sido una norma durante lo que va del desastroso
proceso que comenzó con la privatización del sistema escolar, culpar de los
males que sufre el sistema educacional a los profesores. Una concepción
heredada directamente de la dictadura.
Hace falta
recordar que la organización de los profesores fue una de las primeras en ser
declaradas fuera de la ley. Y sería en ese período en que los docentes de
entonces llegarían a ser condenados en razón de su profesión a ganar sueldos de
miseria, a cambiarse sistema previsional y a perder los beneficios que habían ganado en decenios de lucha.
Y ahora, en los
sucesivos gobiernos que se suponían la superación moral de la dictadura, los
profesores se han visto en la necesidad de movilizarse cada vez que se le
regatea lo poco que piden. Lo que piden en justicia.
No parecen
gobiernos de quienes han dicho adscribir doctrinas de claro y profundo sentido
de lo humano. Las ideas socialcristianas y socialistas de quienes han integrado
los gobiernos post dictatoriales, han quedado en entredicho por el modo en que
han tratado a los trabajadores, en especial, a los educadores.
Se ha mantenido
la idea fundada en la dictadura: los profesores son los responsables de la mala
educación. Y se ha seguido el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje
bajo esa misma concepción, sin detenerse a pensar que lo que demolió el sistema
fue la aplicación sin contrapeso de los estimados económicos del
neoliberalismo.
La educación
derivó en una actividad económica más y los últimos gobiernos solo han
intentado corregir las anomalías propias de un negocio complejo.
En una mirada
más amplia, la sociedad chilena está enferma de neoliberalismo y esa cultura se
reproduce en una escuela dividida en las mismas proporciones y rasgos en que se
divide la sociedad: un lado ancho para los ricos y un lago angosto para pobres,
esquema que es posible extrapolar a la salud, previsión, medio ambiente, etc.
Los gobiernos
concertacionistas han reducido su gestión a corregir aquello que genera
asperezas en el tránsito imbatible de un capitalismo de los más extremos del
planeta. Desde el inicio, jamás hubo el más mínimo ánimo refundacional.
Y lejos de querer
cambiar de paradigma, el esfuerzo oficial
ha sido hasta aquí, la perfección del sistema.
La doctrina que
ha conducido la generación de la normativa educacional, ha sido la que
corresponde a una actividad económica. Y su desarrollo ha tenido que ver con
medidas correctivas que han sido relevadas o por la presión social, giro único
para sostenedores por ejemplo, o se han impuesto por la necesidad de
fiscalización para no corromper aún más un
buen negocio, como es el caso de la Superintendencia de Educación.
Pero lo de
fondo, la competencia por estudiantes financiados por subvención, el criterio
de resolver problemas por la vía de inyectar más y más recursos, la pérdida
sistemática de matrícula del sistema municipal
y la consideración de que los profesores son malos, sigue incólume.
Por eso resulta
tan fuera de lugar que se pretenda resolver la decadencia de un sistema
fracasado por la vía de apretar aún más a los profesores, quizás los únicos
actores que han impedido la debacle definitiva del sistema.
El Ministro
Eyzaguirre y la otrora dirigente estudiantil y actual presidenta de la Comisión
de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, manifiestan una
urgencia propia de las causas inevitables para que el proyecto resistido por
casi todos los actores, sea despachado.
Desde ya
digamos que si la tramitación demora un año más, téngase por seguro que no afectará en nada la actual situación desmedrada de los
docentes.
Sobre todo en
circunstancias tales en que el gobierno, el Congreso y casi la totalidad de los
políticos pasan por estos días y meses, por la peor de sus evaluaciones,
mezclados como se ha demostrado en escándalos de corrupción que tiene rasgos
históricos y que no da luces de terminar.
Por esa razón,
se ha puesto en duda la legitimidad de ciertas leyes en las que grandes empresarios han comprado a precio vil
la gestión de muchos parlamentarios. Y la duda ciudadana expresa su
desconfianza de una forma que ya no es posible contener.
Este escenario
no pude ser menos propicio para tramitar una ley que tendrá un efecto no sólo
en los profesionales a los cuales definirá sus vidas, sino en millones
estudiantes y al resto de la sociedad.
La crisis
política ha puesto en duda la legitimidad de las instituciones llamadas a
conducir el país y a legislar.
Quizás sería
mejor que tanto el Ministro como la diputada dediquen sus urgencias a mejorar
la deplorable visión que la inmensa mayoría tiene de su gobierno y muchos de sus empingorotados personeros.
Los profesores
han esperado tanto, que un años más, seguro, no les hará mayor daño.
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