Ejército de Chile: eso que mete miedo Revista Punto Final Nº)

Quizás la mayor deuda de la Concertación es haber permitido que el Ejército chileno transitara desde la dictadura,  de la cual fue eje y sostén, a la democracia sin asumir sus responsabilidades.

Esa institución no se ha sacudido de un legado oprobioso que dejó una estela sangrienta que según organismos oficiales registra cerca de cuatro mil muertos, entre los cuales hay 307 casos de menores de entre seis meses y 20 años de edad y  75 casos de infantes detenidos desaparecidos.

Estas cifras dan cuenta de una sistemática y vergonzosa política de exterminio. Nada como para sentirse orgullosos.

Con todo, el rol del Ejército durante los diecisiete años de dictadura, no es una singularidad en nuestra historia.

Estudiosos no se ponen de acuerdo para fijar el número de matanzas en las cuales el Ejército abrió fuego contra de compatriotas desarmados, aunque algunos coinciden en que las mayores fueron la Masacre de lo Cañas en 1891, la del Mitin de la Carne en el 1905, de la Plaza Colón de Antofagasta en 1906, de la Escuela de Santa María de Iquique, en 1907, de San Gregorio en 1921, la de Marusia, en  Antofagasta, 1925, de la Coruña de 1925, de la Población José maría Caro de 1962 y el Salvador, en 1966.

La relación anterior no considera la llamada Campaña de la Pacificación de la Araucanía, la ocupación militar del territorio mapuche a partir del año 1865, que arrojó una cantidad muertos imposible de determinar y una situación de persecución, racismo, abusos y despojos que se prolongan hasta nuestros días

En lo que sí hay coincidencia, es que el golpe de Estado del once de septiembre de 1973, ha sido la más fatal, cruel y sangrienta de sus intervenciones, y la que ha tenido mayores repercusiones en la vida del país, al punto de que Chile ha pasado a ser considerado como el país más desigual del planeta.

Enarbolando un extraño patriotismo el Ejército ha basado su doctrina, dependencia logística, formación de sus oficiales y mandos y en la concepción de su guerra, en los postulados que emanan de la doctrina de Seguridad Nacional de la escuela militar norteamericana.

Y la historia ha probado la incursión de Estados Unidos en la creación de las condiciones económicas y políticas para que las FF. AA., hayan arrasado con todo lo que oliera a Unidad Popular.

Hasta nuestro días llegan los ecos soberbios y trágicos del general Javier Palacios Ruhman, al que se le rindieron honores militares en su reciente funeral, luego de tomar por asalto La Moneda después que fuera bombardeada: “Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto”.

Nada ha cambiado. En cuarenta años no ha habido ninguna gestión institucional para buscar verdad, justicia y reparación, generando la más completa impunidad.

Si hubo ilusos que creyeron que el advenimiento democrático haría lo que se suponía en términos de justicia, en breve debieron rendirse a la trágica realidad de que los crímenes cometidos por los uniformados durante la dictadura, no serían siquiera investigados.

Peor aún, en breve comenzarían operaciones secretas que intentarían ocultar las trazas de atroces crímenes de detenidos desaparecidos, cuyos familiares aún buscan.

Haciendo gala de su burla y desprecio por las víctimas y sus familiares, el Capitán General dirigió esas operaciones clandestinas, la que bautizaría como “Retiro de televisores”.

Durante esta larga transición, esas realidades no han molestado al poder. Al contrario, las relaciones recompuestas entre civiles y militares se dieron en un clima de amistad, amnesia e impunidad, que superó las expectativas de los mismos militares.

Y ha sido el empuje de familiares y víctimas lo que ha logrado avanzar penosamente en esclarecimiento de partes de la verdad.

El dos de julio de 1986, una patrulla del Ejército al mando del entonces teniente Pedro Fernández Dittus, detiene y queman vivos al joven fotógrafo Rodrigo Rojas y a la estudiante Carmen Gloria Quintana.

Lo que vino a continuación una retahíla de mentiras y falsedades que intentaron desde los más altos mandos, ocultar lo sucedido.

A treinta años de esos penosos sucesos, uno de los conscriptos que tuvieron la mala suerte de estar al mando de esos oficiales revela lo sucedido y las medidas de encubrimiento y amenazas.

Carmen Gloria Quintana, asistida por la razón y el sentido común, plantea la necesidad de refundar el Ejército Chileno, lo que representa un sentir profundo de nuestra sociedad que aún vincula esa institución con la obra de su Capitán General y el terror consecuente.

Para la conciencia de un país que intenta su democratización, no es posible admitir que esos aires sigan sin entrar en una estructura militar clasista que insisten en creer que sus enemigos están entre compatriotas que piensan distinto y entre los más pobres.

Importantes grupos de la sociedad empujan la idea de una Nueva Constitución, pero se  omite decir que en cualquier tránsito democrático, la refundación de las Fuerzas Armadas debe ser un hecho central.

Dicho de otra forma: jamás habrá una sociedad sana y democrática sin Fuerzas Armadas en las mismas condiciones. Y seguirá pendiendo sobre nuestra cabezas la amenaza de una institución que se ha caracterizado por haberse puesto durante  toda su historia del lado de los poderosos.

Chile requiere de unas fuerzas armadas para la defensa de toda  su gente y no para operar como brazo armado de los ricos. Chile y su pueblo necesitan y merecen un Ejército disponible para su protección y no para masacrarlo cada cierto tiempo o para esconder en su seno a torturadores, asesinos y ladrones que no hacen sino torcer su misión.

Recordemos que el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, quien pidió perdón y aventuró un nunca más solemne y definitivo, está siendo investigado por la ministra de la Corte de Apelaciones, Patricia González, por la acusación de dos ex presos políticos, Cecilia Marchant y Oscar Olivares, quienes lo acusan de torturas en el regimiento Arica de La Serena, donde Cheyre era teniente y miembro del SIM.

En ese regimiento fueron asesinados 21 personas, 15 de ellos el 16 de octubre de 1973 cuando cruzó por esa ciudad la terrorífica sombra de los helicópteros de la Caravana de la Muerte, dirigida por el tristemente célebre genocida el general Sergio Arellano Stark.

¿Serán esos los cuadros y mandos que el Ejército forma? ¿Se relaciona la cobardía de ejecutar a un civil, desarmado, amarrado, rendido, aterrorizado e inocente con el valer militar?

Si fue la magnética figura del Capitán General el que llevó al Ejército a su larga campaña en contra de su pueblo, es hora que se sacuda de ese oprobio.  ¿Qué justifica que aún al interior de la institución se le rindan homenajes? ¿Será por razones accidentales que la biblioteca de la Escuela Militar lleva su  nombre?

En los últimos años se ha sabido de altos oficiales militares involucrados en actos de corrupción.  

Y ese mal ejemplo parte con la fortuna de Pinochet, imposible de conocer en toda su magnitud, que fue calculada en 21 millones de dólares, una cifra bastante alejada de la austeridad militar, cuyo origen es bastante poco santo. 

En esa telaraña de negociados, coimas e incluso tráfico de drogas como lo señalan alguna investigaciones, han sido procesados y condenados seis oficiales por  malversar  fondos públicos para beneficio del dictador.

Y entre otros muchos, está caso el del mayor Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar del ejército, quien está siendo procesado por estafar 6 mil millones de pesos, y por recibir otros 200 millones en coimas, en algunos casos, mediante el método de las boletas falsas de familiares, técnica más bien propia de los políticos que de los uniformados.  

Y algunos aún recordarán el caso de los tanques Leopard en el que el Director de Famae y su Gerente Comercial se apropiaron de US$ 298.120,94 y US$ 298.090,94, respectivamente, por lo cual serían condenados a presidio mayor en su grado medio, multa, inhabilitación absoluta temporal e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos…. pero que fueron beneficiados por la prescripción.

Y en el extremo de la gama, hace no mucho fue descubierto el coronel de Ejército, Juan Rojas Osbar, robando en un supermercado Jumbo.

¿Qué parte de la formación militar permite esas conductas?

El Presidente de la Republica es el Generalísimo de las Fuerzas Armadas, y tiene sobre ellas la potestad del mando en tiempo de paz y de guerra. Sin embargo, ese título jamás ha sido usado en la dirección que la historia aconseja.

Los presidentes de la república a partir de 1990 no han tenido la capacidad para poner las cosas en su lugar y exigir de los mandos la más plena y drástica verdad y trasparencia.

El artículo 104 de la Constitución Política de la República en su inciso segundo, prescribe que: “El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período”
¿Una disposición inútil? ¿Letra muerta?

En EE.UU. o Venezuela, por ejemplo, el presidente puede destituir al jefe del ejército sin más trámite. Pero aquí, o no se ha querido o no se ha tenido el valor.

Un proceso de democratización, como el que el país exige supone un cambio de paradigma al interior de las Fuerzas Armadas y en especial en el Ejército. Desterrar la Doctrina de Seguridad Nacional y la figura del enemigo interno, es un punto de partida.

El Ejército debe sacudirse de su legado pinochetista y de su historia oprobiosa en contra de su pueblo. Las futuras generaciones de oficiales deben ser formadas en el respeto a los derechos humanos y a sus connacionales, en la tolerancia a todas las ideas y en una doctrina tal, que no permita jamás volver sus armas en contra del pueblo.

Mientras el Ejército de Chile no se haga cargo de esa reflexión, seguirá siendo eso gris que mete miedo.